El gobierno mexicano no colaboró con nuestra investigación sobre lo que sucedió en Ayotzinapa: GIEI Follow @Mazana17
CIUDAD
DE MÉXICO — Desde noviembre de 2014 —dos meses después de que los 43
estudiantes de Ayotzinapa desaparecieran en Iguala— las autoridades
mexicanas han insistido en que fueron asesinados por un grupo de
narcotraficantes que después quemó sus cuerpos en un basurero y tiró sus
cenizas a un río.
Pero
el domingo, en lo que constituye el más reciente cuestionamiento a la
versión oficial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) que investigó las desapariciones durante más de un año afirmó que
cinco de los sospechosos, cuyos testimonios respaldan las conclusiones
del gobierno, testificaron “bajo tortura y trato cruel, inhumano o
degradante”.
Las confesiones forzadas no son admisibles en el sistema de justicia mexicano.
Las
conclusiones del grupo de expertos no solo cuestionan la versión
oficial, también son un golpe a la credibilidad del sistema de justicia
penal del país. Este ha sido blanco de constantes críticas por su
gestión en un episodio que simboliza los fallos y la corrupción del
aparato estatal mexicano.
Durante
la rueda de prensa del domingo Alejandro Valencia, un abogado
colombiano y uno de los cinco miembros del grupo, dijo que “el caso de
Ayotzinapa deja al país en una encrucijada de la que aún no ha logrado
salir y para hacerlo necesita reforzar el imperio de la ley, el concepto
de defensa, el sistema de garantías y el respeto por los derechos
humanos”.
La
respuesta del gobierno a la desaparición de los estudiantes en
septiembre de 2014 se ha convertido en un referendo a la administración
del Presidente Enrique Peña Nieto, que asumió el cargo en 2012 con la
promesa de reducir la violencia. El caso provocó protestas durante
meses, en las que miles de personas le pedían al gobierno que resolviera
el misterio de lo que sucedió y pusiera fin a una corrupción que muchos
califican como crónica.
El
grupo de expertos, invitado por el gobierno a examinar el caso, hizo
públicos sus hallazgos en una rueda de prensa en la que presentó un
voluminoso informe, el segundo y último de su autoría. El mandato del
grupo, seleccionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e
integrado por abogados y activistas de derechos humanos
latinoamericanos, se termina esta semana y las autoridades mexicanas
anunciaron que no lo extenderán.
Desde
la publicación de su primer informe en septiembre, los expertos han
cuestionado sistemáticamente la versión del gobierno y su capacidad y
compromiso para investigar las desapariciones. También han sembrado
dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano.
El
grupo “no tiene una sola prueba para modificar sus conclusiones de que
los 43 estudiantes no fueron incinerados” en el basurero. Así lo expresó
durante la rueda de prensa el abogado chileno Francisco Cox, uno de sus
miembros.
En
enero de 2015, el gobierno anunció que había resuelto el misterio.
Según Jesús Murillo Karam, en ese entonces procurador general, la
investigación fue “seria y exhaustiva”. En su versión de los hechos, los
estudiantes de magisterio de Ayotzinapa, Guerrero, habían llegado a la
ciudad de Iguala para tomar control de unos autobuses para asistir a una
protesta en Ciudad de México. Según el gobierno, el alcalde de Iguala
le dio la orden de detenerlos a la policía local.
Según
el gobierno, basado en la versión de unos miembros de una pandilla de
drogas, la policía se los entregó a la organización Guerreros Unidos que
los mató y los quemó en el basurero de Cocula y luego tiró las cenizas a
un río.
Sin
embargo, en meses recientes un grupo de expertos en tortura trabajó en
conjunto con los cinco miembros del GIEI y revisó las pruebas en poder
de las autoridades. En línea con las instrucciones de Naciones Unidas
para la investigación de la tortura, los expertos determinaron que 17 de
los sospechosos interrogados por el gobierno habían sido torturados;
entre ellos, cinco que afirmaron haber participado en el asesinato e
incineración de los jóvenes. Esa afirmación refuerza los testimonios de
algunos sospechosos que ya habían denunciado torturas mientras estaban
detenidos meses atrás.
Los
expertos también plantearon serios cuestionamientos sobre la manera en
la que el gobierno recopiló las pruebas del caso, especialmente un trozo
de hueso encontrado en octubre de 2014 que supuestamente estaba
vinculado con uno de los desaparecidos.
Carlos Beristain, médico español y miembro del GIEI, dijo que “esto es un problema serio que hay que investigar”.
En
el informe de 600 páginas también destaca el descubrimiento de una
mayor participación de las fuerzas de seguridad federales en los
sucedido el 26 y 27 de septiembre de 2014, pese a la insistencia del
gobierno de que permaneció en el ámbito local.
Los
expertos también lamentaron la poca investigación sobre la implicación
de oficiales de mayor rango. El informe dice “hay que investigar no solo
a los autores de los hechos, sino a aquellos que dieron órdenes o apoyo
e ignoraron las pruebas de violaciones de derechos humanos”.
El
GIEI también planteó cuestionamientos acerca de por qué la
investigación oficial decidió no analizar los registros de
llamadas telefónicas hechas aquella noche que podrían haber arrojado
algo de luz sobre el paradero de los estudiantes.
Los
expertos reiteraron su crítica frente al hecho de que el gobierno
mexicano bloqueó su acceso a testigos importantes, como oficiales del
ejército, y afirmaron que no tuvieron permiso para volver a entrevistar a
un gran número de testigos. También denunciaron la negativa o el
silencio del gobierno frente a sus peticiones de ciertos documentos y
testimonios.
Eber
Omar Betanzos, subprocurador de derechos humanos, refutó muchos de los
argumentos específicos del informe y dijo que las acusaciones de tortura
estaban bajo investigación. Según Betanzos, el gobierno dio a los
expertos “acceso total a la información necesaria para hacer su trabajo”
y respondió al 85 por ciento de las 941 peticiones recibidas. Añadió
también que el 15 por ciento restantes estaban cerca de ser completadas.
El
GIEI también criticó la burocracia esclerótica y expuso el caso de
Julio César Mondragón, uno de los estudiantes que estuvo en Iguala
aquella noche. Durante el caos de la noche se separó de sus compañeros y
la mañana siguiente su cuerpo apareció con huellas de tortura tan
brutales que llevó tiempo identificarlo.
La
primera autopsia fue incompleta, según los expertos, y tuvieron que
pedir una segunda. Aunque insistieron en la petición, el gobierno tardó
tres meses en aprobarla. En su último informe, los expertos dijeron que
la espera agónica de la familia del estudiante equivalía a una nueva
victimización, del tipo de las que emergen cuando “la burocracia y sus
aspectos formales son más importantes que las víctimas”.
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